La vida nos da sorpresas, como dice la canción. No es ninguna novedad. Quienes sufrieron en sus carnes la violencia reciben el reconocimiento del estado. Pero con matices, esos incansables moderadores del pensamiento político. Se pueden encontrar en cualquier decisión que afecte a los sufridos ciudadanos, en pro de la convivencia, del buen hacer y de la solidaridad, haciendo gala de los valores propios de un estado Democrático, de Derecho y Libre. No sé por qué, esos adjetivos me recuerdan aquello de “Una, Grande y Libre“.
Reconocimiento y compensación para quienes fueron víctimas del terrorismo desde 1960. Olvido para los que Franco y sus secuaces reprimieron, torturaron y asesinaron, consolidando aun más, si cabe, la impunidad con la que vivieron y murieron. Quien decidió investigar sobre ello deberá afrontar un juicio acusado de prevaricación que, por si alguien no lo sabe, según el diccionario significa “Delito que cometen los funcionarios públicos al faltar, a sabiendas o por ignorancia inexcusable, a las obligaciones y deberes de su cargo“. El hecho de atribuir ese delito a quien intenta esclarecer unos hechos delictivos no se ajusta a esos valores con los que se llenan la boca diariamente los defensores de la ley y la justicia, porque la obligación de un juez es precisamente esa, la de investigar y condenar a quienes incumplen o han incumplido la ley. Tal vez los que han decidido en ese sentido son los que prevarican, puesto que si, como dicen, somos una sociedad libre, no deberían limitarse la atribuciones de uno de sus representantes, teniendo en cuenta, además, que ellos mismos se han autoatribuido la facultad de poner en tela de juicio la propia libertad. Paradójicamente, hace unos años, el mismo juez imputado se permitió el lujo de ordenar la detención de otro asesino, Augusto Pinochet, que ni siquiera era español. En aquella ocasión todos le aplaudieron y apoyaron, mostrando su hipócrita sonrisa ante la opinión pública, seguramente para poder salir en la foto y hacer creer a los que les pagamos el sueldo que están a favor de la democracia y de la justicia.
Que ETA, Al-Qaeda, los cárteles y otros especímenes similares menos nombrados y, posiblemente, más respetados, se dedican a matar no es ninguna novedad. Que los que se dedican a perseguirlos con todos los medios posibles no se cansan de exigirles que dejen las armas, tampoco. Pero nadie mueve ni un dedo cuando alguno de esos proscritos intenta rectificar y volver al redil de la democracia, esa misma con la que nos bombardean cada día en sus opacos discursos. De nada sirve el gesto, aunque se les haya exigido. No es creíble. Sí lo es acusar a un juez de no cumplir con su deber cuando, precisamente, es lo que hacía.
Dejando a parte la ideología política que, al fin y al cabo, no sirve para nada más que para acumular seguidores y consegir el poder, intentar sanar las heridas que nos deja cada día este mundo absurdo en el que vivimos a través de una reflexión colgada de un lugar indeterminado en el espacio, resulta poco más que ingenuo. Sabido es de todos que la indiferencia es la única reacción que se puede esperar de esos individuos encorbatados, bien peinados y afeitados, serios, honrados, buenos esposos y padres de familia y mejores hijos que nos invaden a través de los medios de comunicación para asegurarnos que su objetivo consiste en aportar a nuestras vidas la seguridad necesaria para que nos desarrollemos como personas y transmitamos a nuestros descendientes los valores que hacen de nuestro país un lugar donde podemos vivir en paz, expresarnos con toda libertad y creer en aquello que nos parezca oportuno sin temor a padecer ningún tipo de discriminación o represión por cuestión de sexo, condición, religión o cualquier otro motivo. Para ello nos recuerdan que sus decisiones son tomadas con la finalidad de proporcionarnos el bienestar que merecemos. En el nombre de la Democracia, la Justicia y la Libertad.
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